OVD - Varios
16/04/2021

El Estado argentino pidió disculpas por su responsabilidad en un caso de violencia de género

Lo hizo por no haber brindado medidas de protección a la víctima para prevenir la escalada de violencia que derivó en una tentativa de femicidio

   
   
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El 15 de abril, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación coordinó un acto público en el que el Estado argentino pidió disculpas y asumió su responsabilidad internacional en el caso de Olga del Rosario Díaz, quien, a pesar de haber realizado denuncias por violencia de género, no contó con ninguna medida de protección por parte del Poder Judicial y fue víctima de una tentativa de femicidio. El acuerdo se alcanzó en el marco del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW).

Participaron del evento de desagravio, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las responsables de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), Analía Monferrer, y de la Oficina de la Mujer (OM), María Delia Castañares, y las funcionarias de esas dependencias, Emilia Sesin y Gabriela Pastorino, respectivamente.

El Estado argentino fue denunciado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por incumplir sus obligaciones para prevenir hechos de violencia de género contra la Sra. Díaz, en particular por la tentativa de femicidio que sufrió el 24 de marzo de 2017 a manos de su expareja. Si bien la víctima había realizado una denuncia poco tiempo antes, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección.

El 23 de octubre de 2019 se firmó el acuerdo de solución amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación, que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no había tenido en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

El acuerdo, que fue aprobado el 17 de agosto de 2020 mediante el Decreto n.° 679 del Poder Ejecutivo de la Nación, prevé además la adopción, por parte del Estado, de “medidas de no repetición”, destinadas a mejorar el acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género.